Obligaciones del servicer inmobiliario en la prevención del blanqueo de capitales

Si existe una figura a medio camino entre el sector financiero y el inmobiliario, esa es la del servicer. Su origen data de la crisis de 2008, momento en el que se disparó el número de activos vinculados a hipotecas y préstamos impagados por falta de solvencia económica de los prestatarios.

En ese momento, los bancos estaban obligados a sanear su balance, saliendo del negocio inmobiliario y centrando de nuevo su actividad en el negocio bancario tradicional. Para ello, se creó la figura del servicer, una herramienta cuyo objetivo es desprenderse de inmuebles y suelos, maximizando su valor y ofreciendo a los clientes unas condiciones atractivas.

Un servicer está especializado en asumir la gestión de la cartera inmobiliaria end-to-end y, desde el punto de vista de cumplimiento normativo, también es sujeto obligado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Esto significa que deberá conocer el detalle de la actividad profesional o empresarial del cliente y la naturaleza y origen de los fondos empleados para hacer frente a la operación.

De hecho, como sujeto obligado, el servicer deberá establecer los controles necesarios y poner especial atención en:

Identificar si alguno de los intervinientes de la operación aparece en listas públicas de sancionados, terroristas o Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
Analizar las características de los intervinientes que participan en cada operación para establecer su perfil de riesgo. Deberán comprobar, por ejemplo, si tienen nacionalidad o país de residencia de riesgo, cuál es su situación laboral o actividad, si son menores de edad, ingresos anuales, si se trata de personas que participan a la vez en varias operaciones, etc.
Las características de los activos que participan en la operación como su precio, tamaño, tipología o ubicación geográfica.
Verificar las características de la operación: importe total, origen de los fondos, medios de pago utilizados, fechas de formalización, etc.

Los servicers también deberán implementar controles para garantizar la idoneidad de sus empleados, APIs y proveedores, para los que se establecen los mismos criterios de búsqueda en listas y análisis de su perfil.

Los servicers se han enfrentado a un mercado que ha ido evolucionando a lo largo de los años tanto desde un punto de vista inmobiliario como tecnológico por el impacto de la revolución digital en el sector. Para este último aspecto han invertido y apostado por nuevas tecnologías (realidad virtual, valoración automática de inmuebles, big data inmobiliario, ...) con el objetivo de maximizar sus ventas.

En este sentido, para llevar a cabo el control de un número elevado de operaciones, intervinientes y activos inmobiliarios, los servicers necesitan software potente y robusto de cumplimiento normativo que les facilite el análisis de datos y la detección de actividad sospechosa de manera ágil y sencilla para no ralentizar o parar el avance de las operaciones comerciales.

En Prosegur AVOS contamos con AMLcheck, el software líder del mercado inmobiliario en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

AMLcheck ofrece un módulo de trabajo especialmente enfocado al cumplimiento de la normativa para servicers y entidades inmobiliarias, que permite al usuario reforzar el seguimiento de operaciones comerciales y detectar de forma temprana actividades sospechosas.

Este módulo se integra con los sistemas de la entidad en el workflow o flujo de aprobación de las operaciones, recopilando la información de intervinientes, contratos, alertas, productos o inmuebles, de tal manera que el analista de PBCFT tenga toda la información disponible para validar o desestimar el avance de la operación inmobiliaria.

Si desea más información sobre AMLcheck y la adaptación a su compañía inmobiliaria, puede ponerse en contacto con contacto.avos@prosegur.com. .

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